Asociación Galega de Editores

Los editores critican el descontrol administrativo ante los contenidos digitales educativos

miércoles, 02 junio 2010

Los editores han denunciado hoy "el descontrol administrativo y los cambios permanentes" que sufre el sistema educativo español" y criticaron a "las autoridades administrativas por favorecer decisiones donde se priman los nuevos soportes y herramientas digitales en detrimento de los contenidos pedagógicos", durante un acto celebrado en Madrid por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), con motivo de la 69ª Feria del Libro.

Durante la presentación de las conclusiones del estudio "La situación de los contenidos digitales educativos en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Ecónomico): perspectiva española", donde se analizan los desafíos que enfrenta la Enseñanza ante la incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), el Director Ejecutivo de la FGEE, Antonio María Ávila advirtió la preocupación del sector del libro ante "la aparatomanía"  que parece haberse instalado en la Enseñanza en España con la política de compra masiva por parte de las administraciones de ordenadores y otros soportes para dotar a las escuelas y alumnos  sin tener en cuenta la adecuación de los contenidos pedagógicos. Ávila denunció "la inexistencia de una mínima seguridad jurídica que proteja los derecho de autor",  así como "la "falta de una política educativa coherente que garantice las inversiones de cara al futuro".

Derechos de autor
Tanto el presidente de ANELE, José Moyano como Ávila coincidieron en que el libro de texto en su tradicional soporte papel es, y probablemente seguirá siéndolo durante muchos años, la columna vertebral de la planificación docente, a pesar de su no sólo inevitable, sino necesaria convivencia con las nuevas tecnologías. En este sentido, Moyano señaló que "las editoriales ya producen contenidos creados específicamente para ser utilizados con herramientas de las TICs y ofrecen servicios en línea con diversos enlaces y funciones avanzadas de búsqueda. Pero respetando siempre los derechos de autor y las leyes que regulan el libre comercio".

El presidente de ANELE explicó que "ningún país del mundo ha decidido sustituir el libro de texto, en su tradicional formato papel, por un soporte digital" sino que ambos soportes conviven y especificó que "los contenidos digitales suponen entre el 20% y el 25% de los materiales curriculares que se utilizan en las aulas". Los responsables de elegir los libros de texto y los materiales curriculares, insistió Moyano, son los docentes y los órganos didácticos. De modo que "la injerencia directa o indirecta de las administraciones en la concreción de los currículos y en la adopción de los libros de texto y materiales didácticos conculca la ley y vulnera tanto la libertad pedagógica de los profesores, como la autonomía de los centros".  

Ley de competencia

Las administraciones públicas son "competentes para inspeccionar los libros de texto y las programaciones que de esas enseñanzas elaboran los docentes, pero no para editar libros de texto ni para imponer programaciones". El cambio tecnológico, añadió Moyano "no debe servir de excusa para convertir a la administración en editora de libros de texto".   La distribución gratuita y generalizada de los contenidos curriculares en soporte digital vulnera Ley de Competencia, por lo que "la distribución de contenidos educativos al margen del mercado y de la legalidad económico-tributaria puede impedir, restringir, o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional y afecta: a la fijación de precios o a otras condiciones comerciales o de servicio; a la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones; al reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento; a la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que sitúan a unos competidores en desventaja frente a otros, conductas prohibidas en el artículo 1º de la Ley de la Competencia y causantes de desequilibrios, que pueden ser aprovechados por algunos agentes en detrimento de la pluralidad, de la libre competencia y de la viabilidad de la mayoría del sector editorial de la enseñanza".   Para la industria editorial la defensa de la propiedad intelectual es una exigencia derivada tanto del derecho de propiedad, como del reconocimiento constitucional del derecho a la libre creación intelectual de la misma y es esencial para el desarrollo cultural de toda la sociedad.

Las conclusiones del estudio  “La situación de los contenidos digitales educativos en los países de la OCDE: perspectiva española”, fueron avanzadas por Eduardo Picón, coordinador del informe realizado por la Unidad de Psicología del Consumidor y Usuario de la Universidad de Santiago de Compostela (Grupo USC-PSICOM).